Alerta social: En Puerto Triunfo continúa la violación de los Derechos Humanos

En el seguimiento adelantado desde el mes de agosto de 2011 por parte de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) -Seccional Antioquia-, se ha evidenciado que al interior del Establecimiento Penitenciario de Puerto Triunfo conocido como “El Pesebre” se encuentre una denuncia reiterada sobre la vulneración inminente del derecho fundamental a la vida y la salud, materializados en el mal servicio de salud, hasta el punto en que se carece de médicos desde el mes de octubre de 2011 y el al cierre del Centro de Sanidad desde el día 29 de diciembre de 2011, ordenado por una comisión gubernamental que visitó las instalaciones del centro penitenciario y verificó las malas condiciones del centro de atención en salud. Esta situación llevó incluso a la muerte del joven Jhonatan Smith Arias Úsuga, en el mes de enero del año en curso, según los presos por la ausencia de atención médica al interior del Centro Penitenciario y la displicencia con que la guardia del penal dio poca relevancia al caso.

Este contexto sin embargo no cambia, a la hora ni CAPRECOM ni el INPEC responden por la salud de los detenidos de manera eficaz, aplicándose planes que solo sirven para mitigar sus consecuencias, con ayuda del Hospital de Puerto Triunfo, Antioquia y el puesto de salud de los Municipios de Doradal, Antioquia y La Dorada, Caldas, que solo ofrece atención diaria a 6 de 876 presos que habitan el penal, según el nivel de urgencia, es decir, solo 0.68% de los demandantes.

En este marco, múltiples son las demandas e infracciones que se realizan al interior de “El Pesebre” las más recientes son los casos de Norvey Castañeda Narváez y Edward Alberto Lora, Presos Sociales que se encuentra recluidos en las Unidades de Tratamiento Especial de alta seguridad del centro; padeciendo respectivamente una Hepatitis B –producto de la inatención de una sífilis– y una enfermedad en la cabeza sin identificar, que se manifiesta mediante dolor y segregación de pus por la nariz y la boca. Según manifiesta el señor Lora, le han ordenado la práctica de 5 TAC (Tomografía Axial Computarizada) en la cabeza, así como la revisión especializada de un otorrinolaringólogo; sin que se cumplieran dichas órdenes médicas.

Para manifestar su inconformismo por la falta de atención médica, Edward Alberto Lora se coció la boca e inició en huelga de hambre durante 5 días, desde el miércoles 7 de febrero hasta el domingo 12-, circunstancia que terminó con la remitida del Preso a uno de los puestos de salud, en los cuales se le practicará 1 de los 5 TAC que necesita.

El caso de Lora es una muestra de ineficiencia de entidades como CAPRECOM, el INPEC y los diferentes organismos allí participantes, que en palabras institucionales “velan por el cumplimiento de dignidad humana”.

El contexto penitenciario en Colombia se agrava cada vez más, posiblemente por ser la única alternativa que el Estado ha financiado y patrocinado, con el fin de ejercer “reinserción” -y represión- social dentro del país, conllevando a la humillación y vulneración de los Derechos Humanos de las personas recluidas, que buscan múltiples formas de manifestarse para hacer efectivo el reconocimiento de sus derechos.

Esta dinámica se ha reproducido con mucha velocidad en la última década en Colombia, contrastando con la meta trazada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el 2004, de generar ‘Estrategia[s] para la Expansión de la Oferta Nacional de Cupos Penitenciarios y Carcelarios’, que si bien logró menguar el hacinamiento en algunas cárceles del país, entendiendo este como la causa de la situación de vulneración, las cárceles y penitenciarias construidas desde la primera década del 2000 –entre ellas el “Pesebre”–, no han satisfecho las necesidades de los detenidos.

Mientras la política de las cárceles sea producir un miedo generalizado en la población recluida, por medio de la omisión de los principales derechos que garantizan una vida digna, será imposible obtener un sistema penitenciario acorde con la dignidad de los reclusos.

Febrero 2012