PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –Seccional Antioquia–, quiere pronunciarse públicamente sobre la situación que se presenta hace poco más de un año y medio en la Universidad de Antioquia.

Para la defensa y materialización de los Derechos Humanos, es de suma preocupación la escalada que se ha presentado en los métodos de la confrontación histórica entre el estamento estudiantil de la Universidad y las fuerzas policiales del Estado, producto de las inconformidades gremiales y sociales de los estudiantes, la respuesta marcadamente represiva del Estado y la tecnificación de estas respuestas que han hecho cada vez más profunda la confrontación violenta que se presenta.

El CSPP expresa su total acuerdo con las expresiones de descontento que se emiten desde los distintos estamentos universitarios, gubernamentales y sociales, en torno a la desnaturalización de la Universidad cuando su campus académico se convierte en escenario de la lucha política violenta; pero hacemos un llamado a que realmente se evalúen las causas de esas y otras expresiones del conflicto social y político colombiano, porque así como dentro del concepto de Universidad perteneciente a una sociedad democrática no hay lugar a la violencia, en el contexto de una sociedad democrática no hay lugar a las desapariciones forzadas, a la existencia de presos políticos, a los desplazamientos forzados por la violencia, bombardeos y demás expresiones derivadas de las diferentes fases del conflicto social y político.

El CSPP llama a que se hagan lecturas realmente juiciosas ante lo que pasa en la Universidad y fuera de ella, su propia responsabilidad en los hechos que acontecen en el campus y  los “ajenos” desde la lógica vertical y de “observación desde la barrera”, contenidos en el entendimiento de la Universidad como un trampolín de superación a escala socio-económica, según las nuevas proyecciones que de la educación superior se pretenden.

En ese sentido, consideramos necesario que se dé un debate abierto y sincero frente a alocuciones públicas en las que distintos sectores han relacionado conceptos como el de “combatiente” u organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja –CICR–, para hacer relación al carácter de las personas que desde el Estudiantado y el Estado participan de las manifestaciones violentas al interior del campus, así como de posibles formas de tratamiento a esas manifestaciones, una y otra que a nuestro criterio incurren en confusiones que se tornan peligrosas, al entender el conocido “tropel” universitario como una expresión de los actores del conflicto armado interno, lo cual pone en riesgo a los manifestantes, los demás universitarios y a la Universidad misma, en tanto desvirtúan el principio de distinción entre combatientes y civiles, en el marco de un conflicto armado, fase esta del conflicto social que no corresponde con los hechos ocurridos históricamente en la Universidad.

En el mismo sentido rechazamos de manera vehemente la acusación pública y previa que se ha desarrollado como bola de nieve en los medios de comunicación, en el sentido de juzgar de manera sumaria, espectacular y publicitaria, los hechos en torno a los cuáles acaeció la tragedia padecida por el patrullero Uriel Andrés Rincón Muñetón, que lamentamos y consideramos una consecuencia absurda de la escalada en la confrontación, hasta el punto de afirmarse ya por parte de la policía nacional, que los hechos obedecen a la utilización de explosivos propios de la insurgencia colombiana.

Este tipo de acusaciones puede llevar a que haya reacciones violentas y para-institucionales en contra del movimiento estudiantil. En consecuencia invocamos el obligatorio respeto de los derechos humanos de todos y todas las activistas estudiantiles, desde quienes pertenecen a grupos de estudio, participan en comités por la defensa misma de los derechos humanos, sea espacios de articulación y demás referentes organizativos propios de su preocupación gremial y social.

Por esas razones y frente al anuncio público hecho por la Gobernación de Antioquia, referente a la identificación de aproximadamente 15 estudiantes que presuntamente han participado en los últimos enfrentamientos, exigimos que ante eventuales sucesos de judicialización penal, se cumpla con los cánones mínimos de garantía que corresponde a todo ciudadano ante el padecimiento de la persecución punitiva del Estado.

En cambio denunciamos la ineptitud presentada en los procesos disciplinarios en contra de funcionarios que desdicen del marco legal que limita su labor en estas situaciones y vulneran los derechos humanos de manifestantes y no manifestantes, omisión que mientras siga ocurriendo, será un aliciente para la continuación de la radicalización del conflicto en el campus universitario; por eso llamamos públicamente a los Órganos de Control y en especial a la Procuraduría Regional de Antioquia, para que adelante las investigaciones y sanciones respectivas, en uso del poder preferente que les corresponde, y que no se remitan más las denuncias hacia las instancias de Control Interno de la Policía ni a la comandancia del mismo ESMAD, tal y como ha venido ocurriendo.

Además el CSPP hace un llamado en el sentido de que cese la selectividad en el dolor y la solidaridad frente a lo que ocurre. Que sea un cuerpo expuesto después de un bombardeo motivo de celebración y la noticia de un policía desmembrado causa de solidaridad -sin que sea esta la postura unitaria de la sociedad frente a todas consecuencias de las distintas expresiones del conflicto, no necesariamente en su fase de guerra-, denota la indolencia o la dolencia selectiva de una sociedad que debe asumir su responsabilidad, si de manera plena y sincera pretende superar ese tipo de situaciones.

Por último hacemos un llamado para que sea la cordura y el raciocinio los principios básicos en el trato que se dé a las situaciones de confrontación que se presentan entre estudiantes y autoridades estatales, pues la escalada en esta expresión del conflicto social, cuenta en primera instancia con el protagonismo de la reacción policial desmedida, que según nuestra labor, da cuenta de que desde el 15 de septiembre del año 2010 –fecha en que se decidió permitir el ingreso policial al campus universitario–en contra de los estudiantes se han presentado un total de 52 detenciones arbitrarias, acompañadas, en su mayoría, de amenazas y golpizas, entre otras prácticas que constituyen torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes con fines de castigo, con consecuencias físicas insuperables en algunos casos y que siempre suponen una afrenta a la dignidad de cada uno y cada una de las víctimas de este tipo de atropellos.

Por ello nos sumamos a quienes manifiestan la necesidad de generar espacios de diálogo y concertación en torno al problema universitario, en los que necesariamente participen los estamentos de la Universidad, las autoridades estatales y la sociedad civil, para ahondar en la construcción de protocolos unificados de prevención y tratamiento de la violencia al interior de la Universidad.

FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS

SECCIONAL ANTIOQUIA